Ecuador ante los tres espíritus de la Navidad: pasado, presente y futuro.

Como en el relato clásico de Charles Dickens, donde la noche de Navidad se convierte en un punto de inflexión para comprender errores, asumir responsabilidades y redefinir el rumbo, Ecuador llega a diciembre de 2025 enfrentado a sus propios espíritus: los del pasado que explican su deterioro, los del presente que revelan la crudeza de la crisis y los del futuro que advierten las consecuencias de persistir —o no— en el camino actual. No se trata de una metáfora ingenua ni literaria, sino de un ejercicio necesario de conciencia para un país que atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente en materia de seguridad, gobernabilidad y cohesión social.

Mirar al pasado implica reconocer que la crisis actual no es producto de un evento aislado ni de una coyuntura reciente. Durante más de una década, el debilitamiento progresivo de la institucionalidad, la fragmentación del sistema de justicia, la corrupción estructural y la ausencia de una política de Estado sostenida en seguridad crearon vacíos que fueron ocupados por el crimen organizado transnacional. Ecuador pasó de ser un país de tránsito relativamente marginal a convertirse en un nodo estratégico para economías ilícitas, particularmente vinculadas al narcotráfico, con efectos devastadores sobre el tejido social y la legitimidad del Estado. La polarización política permanente y la utilización de la seguridad como herramienta de confrontación ideológica impidieron construir consensos mínimos, postergando reformas profundas y trasladando el problema hacia el futuro, hasta hacerlo inmanejable.

El espíritu del presente muestra un país tensionado en todos sus niveles. A finales de 2025, la violencia se ha normalizado como una variable cotidiana: homicidios en cifras históricas, sistemas penitenciarios desbordados y territorios donde la autoridad estatal se ejerce de manera intermitente o reactiva. La declaración del conflicto armado interno y el uso recurrente de estados de excepción reflejan tanto la gravedad de la amenaza como las limitaciones del Estado para responder con instrumentos ordinarios. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han asumido un rol central en el control de la seguridad interna, con resultados operativos importantes, pero puntuales, pero también con un desgaste institucional evidente y crecientes cuestionamientos sobre los límites entre seguridad, defensa y derechos fundamentales. En paralelo, el clima político continúa marcado por la desconfianza ciudadana, la fragilidad de los equilibrios democráticos y una percepción generalizada de incertidumbre económica y social.

Este presente no puede analizarse únicamente desde la lógica de la fuerza. La crisis de seguridad ecuatoriana es, ante todo, multidimensional: combina factores criminales, sociales, económicos, territoriales y políticos. La respuesta estatal, aunque necesaria en el corto plazo, corre el riesgo de volverse insuficiente si no se acompaña de reformas estructurales en justicia, inteligencia, control institucional y política social. La seguridad entendida solo como contención armada puede reducir temporalmente la violencia visible, pero difícilmente desarticula las causas profundas que la generan y la reproducen.

El espíritu del futuro, como en la obra de Dickens, no impone un destino, sino que advierte escenarios. Si Ecuador persiste en una estrategia predominantemente reactiva, centrada en la coerción y sin una visión integral de largo plazo, el país podría enfrentar una fragmentación aún mayor de las organizaciones criminales, una violencia más dispersa y difícil de controlar, y un progresivo desgaste de sus instituciones democráticas. La prolongación de medidas excepcionales podría erosionar los contrapesos del Estado, afectar la confianza ciudadana y comprometer la sostenibilidad de la seguridad en el tiempo. Sin embargo, también existe un escenario alternativo: aquel en el que el país asume la crisis como una oportunidad de transformación en todos los niveles.

Ese futuro distinto exige liderazgo político, madurez institucional y responsabilidad histórica. Implica fortalecer de manera real el sistema de justicia, profesionalizar y modernizar las capacidades de seguridad e inteligencia, recuperar el control territorial con enfoque integral y articular políticas públicas que vinculen seguridad con desarrollo, educación y empleo. Requiere, además, una cooperación regional e internacional más efectiva frente a amenazas transnacionales que ningún Estado puede enfrentar de manera aislada. Sobre todo, demanda reconstruir la confianza entre el Estado y la sociedad, entendiendo que la seguridad no es solo ausencia de violencia, sino presencia efectiva de instituciones legítimas y funcionales.

Como Scrooge al amanecer de Navidad, Ecuador se encuentra ante una decisión ineludible. Ha visto las consecuencias de sus omisiones pasadas, vive la crudeza de un presente desafiante y vislumbra un futuro que puede ser de deterioro o de transformación. La diferencia no la marcarán los discursos ni las medidas coyunturales, sino la capacidad del país para aprender de sus propios espíritus y convertir esa lección en una estrategia coherente, ética y sostenible que le permita recuperar el control de su destino y reconstruir una seguridad al servicio del Estado, la democracia y la sociedad.

Ojalá los tres espíritus de Dickens no se limiten a recorrer las páginas de la literatura, sino que visiten a quienes hoy toman decisiones en el Ecuador, para que observen el pasado sin negaciones, enfrenten el presente sin autoengaños y asuman el futuro con responsabilidad propia, sin delegar el juicio a círculos de asesores que, muchas veces, interpretan la realidad desde la comodidad del poder y no desde la complejidad del país real.

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