Incremento de policías como política pública para mejorar la seguridad.

Autores:

Víctor Xavier Enríquez Champutiz

Gerardo Vladimir Benavides Montenegro

Crimen organizado se transforma, adapta y conquista espacios.

El crimen organizado ha borrado las fronteras entre países y se ha convertido en una de las mayores amenazas para América Latina. Los grupos vinculados al narcotráfico son responsables de la mitad de los homicidios en la región. De acuerdo a InSight Crime, las organizaciones con mayor influencia en la región son: la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS13), las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, el grupo carcelario venezolano Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa en México y la guerrilla colombiana ELN[1].

Los cuadros anteriores muestran que Ecuador también se ha visto afectado por esta tendencia y se ha convertido en un lamentable caso de cómo el crimen organizado ha ganado espacio, llegando a relacionarse con presidentes y expresidentes del país. Esto ha facilitado la infiltración en la asamblea, sector judicial y en la misma policía, sectores clave para la seguridad.

Desde el año 2012, por disposición del presidente Rafael Correa, Ecuador no exige certificado de antecedentes judiciales.

A este inusual escenario, se había sumado la inoportuna y populista acción del expresidente Rafael Correa de indultar a 3.000 presos relacionados con actividades de narcotráfico, así como la reducción de un año para quienes han sido condenados a 5 años de cárcel y hayan cumplido un 30% de la pena, todo ello mediante Decreto 1440, expedido un día antes de dejar la presidencia.

La receta perfecta para la debacle de la sociedad.

Hace un poco más de un año, el 5 de enero del 2023, Juan Zapata, entonces ministro del Interior, ponía de manifiesto:

«No solamente enfrentamos delincuencia común, sino que enfrentamos crimen organizado, y eso marca que los niveles de violencia suban» [2]
Juan Zapata, Ministro Interior 2023

Ante ese escenario, el gobierno de Guillermo Lasso se comprometió a incrementar el personal policial entre 80.000 a 82.000 en el año 2024, como una medida contra el crimen organizado. Para junio del 2023, la policía ya había alcanzado un numérico de 65.000 efectivos (en mayo de 2021 la policía tenía 51.000). Además, el presidente Lasso manifestó que la policía tenía el respaldo jurídico para el uso progresivo y legítimo de la fuerza[3].

Según el portal Primicias, Pablo Arosemena, Ministro de Economía del Gobierno de Lasso, manifestó que el presupuesto anual de la Policía Nacional es de $1.200 millones de dólares [4].

En resumen, en el Gobierno de Lasso la Policía Nacional contaba con 65.000 efectivos, $1.200 millones anuales y el respaldo jurídico para el uso progresivo y legítimo de la fuerza. Sin embargo, las cifras de criminalidad fueron alarmantes: en 2022 hubo 6.044 asesinatos y en 2023 se incrementó a 7.607[5]. Aunque las cárceles NO son competencia exclusiva de la Policía, en cinco de ellas se registraron 387 presos asesinados en 14 matanzas. Estos hechos motivaron al Gobierno de Lasso a decretar 11 estados de excepción, 10 de ellos por “grave conmoción interna”[6].

¿Qué ha cambiado al mes de enero de 2024?

Si bien al inicio del Gobierno de Daniel Noboa, la cartera de seguridad y defensa no fueron asumidas de forma inmediata y el llamado PLAN FENIX no tenía una estrategia completamente clara, es en el mes de diciembre del 2023, que se ordena cambios en el alto mando de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, como parte de la reorganización de las entidades ejecutoras del plan del gobierno.

«Yo sé los riesgos que corro, sé lo que estoy haciendo al cambiar a generales de una cúpula policial. Y lo digo en voz alta: voy a correr todos los riesgos que sean necesarios por Ecuador» [7]
Mónica Palencia, Ministra de Gobierno 2024

Con el Decreto 110 y 111, el presidente Daniel Noboa ha movido el tablero en favor de la seguridad del país, en una clara demostración política de “tomar al toro por los cuernos”.

Con la declaración de “conflicto armado interno”, las Fuerzas Armadas se encuentran permanente realizando operaciones militares a nivel nacional, del 09 al 27 de enero estos son los resultados:

Tasa de Personal de Policía (PPR)

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAG, realiza un análisis de “los cuerpos de policía en América Latina”, determinando que, según los estándares internacionales, se necesitan 4 policías por cada 1.000 habitantes. La recomendación de la ONU establece 2,8 policías por cada 1.000 habitantes. La región tiene un promedio de 3,7, cerca de la práctica internacional (por encima de EE. UU. y Canadá, o de varios países europeos, salvo Italia, España o Grecia que tienen arriba de 4)[8].

En una entrevista para Teleamazonas en el mes de junio del 2023, el general Roberto Zuleta, jefe de reclutamiento de la Policía Nacional, puso de manifiesto que,

«Con los 60 mil que tenemos ahora, llegamos a 3 policías por cada mil habitantes, y con eso estamos llegando a la media, pero lo ideal sería tener más»
General Roberto Zuleta, jefe de reclutamiento de la Policía Nacional 2023

Entonces, la Policía Nacional superó el índice mayor recomendado por la ONU y solamente un poco más abajo del estándar internacional, pero sería bueno conocer si los 65.000 efectivos cuentan con equipamiento, equipos de comunicación, uniformes, infraestructura, vehículos y demás insumos para cumplir su misión con eficiencia.

Fuente: CELAG Los cuerpos de policía en América Latina, autor Amílcar Salas Oroño

Reflexiones

Considerando las variables planteadas, los autores consideran que, dada la situación actual del país (economía, corrupción en casi todos los niveles del Estado, falta de depuración de sectores estratégicos, entre otros), el incremento de POLICIAS NO ES UNA MEDIDA OPORTUNA.

Quedó demostrado que el incremento de policías en 2022 y 2023 NO ARROJARON ÍNDICES DE MEJORA en la seguridad.

Otro factor a considerar es la falta de AUTODEPURACIÓN de la Policía Nacional, evidenciada por casos como la supuesta relación entre el narcotraficante Norero y el general Pablo Ramírez, mencionados en el Caso Metástasis.

Esto pone en duda si sumar más efectivos sin eliminar a las manzanas podridas sea una solución efectiva. Por último, los autores consideran que el proceso de reclutamiento actual atrae a los aspirantes como una OPCIÓN LABORAL SEGURA, más que una vocación de servicio. Se necesita mejorar el sistema de selección y el tiempo de formación para lograr un perfil de policía profesional, acorde al escenario actual, siempre con la mano de una logística adecuada.

El proceso de reclutamiento del año 2023 se presentaron 140.000 aspirantes, desconocemos el número que ingresaron, pero luego de un periodo de 6 MESES EN FORMACIÓN se graduaron 8.000 nuevos policías (Boletín 943 presidente Lasso).

La brevedad del tiempo de formación de policías trae consigo varias preocupaciones con respecto a la calidad de su preparación y su capacidad para enfrentar situaciones complejas que la actual realidad del país demanda. Una formación insuficiente podría tener implicaciones negativas en término de gestión de crisis, manejo de conflictos y hasta la confianza de la población en las fuerzas de seguridad.

Otro aspecto que debería ponerse sobre la mesa es la estructura y característica militar de la policía del Ecuador, única en Latinoamérica, excepto por los Carabineros de Chile (que además tiene Policía de investigación y la Gendarmería Nacional). Esto nos hace preguntarnos si la eficiencia de la policía depende más de su organización y estructura que de su número.

Según el portal datosmacro, las Fuerzas Armadas del Ecuador mantienen desde el año 2019 un numérico de 40.000 (25.000 Ejército, 9.000 Armada y 6.000 Fuerza Aérea) efectivos en sus filas [9].

Al momento militares (40.000) y policías (60.000) aproximadamente (Fuente Ecuavisa), realizan operaciones militares tendientes a mantener el control y dar seguridad al país; sin embargo, también se ha evidenciado las falencias en equipamiento para hacer frente al CONFLICTO ARMADO INTERNO, lo cual ha motivado que el gobierno proponga un proyecto de ley económico urgente.

Ecuador libre de inseguridad.

En una primera etapa se debe tomar el control de las cárceles y desarticular las bandas criminales, para reducir el efecto de la delincuencia común, problema que debe ser atendido exclusivamente por la Policía Nacional. Es evidente que, para mejorar la seguridad, se requiere un sistema de inteligencia fortalecido con tecnología de punta, que permita elaborar estrategias preventivas y no reactivas.

El control carcelario se puede mejorar con avanzados sistemas tecnológicos (scanner, reconocimiento facial con inteligencia artificial, zonificación y clasificación por nivel de peligrosidad y delitos, sistemas de confinamiento y sobre todo un régimen de rehabilitación, entre muchos). Brindar oportunidades de estudio y trabajo ayudará a la sociedad a crecer y evitará que que los grupos criminales se apoderen de espacios que el Estado ha descuidado.

La implementación de estas políticas de manera integral puede contribuir a mejorar la seguridad ciudadana de manera más efectiva que solo con el aumento de policías de manera aislada.

Prevención del delito: enfocada en abordar los factores sociales y económicos que contribuyen al delito.
Fortalecimiento del sistema de justicia: enfocado en garantizar que los delincuentes sean procesados y sentenciados de manera efectiva.
Participación ciudadana: enfocada en involucrar a la comunidad en la prevención y resolución del delito.

Pero sobre todas las cosas, NO NEGOCIAR CON PANDILLAS O GRUPOS CRIMINALES, como dice el adagio, “el diablo mal paga a sus feligreses”. Queda comprobado que la llamada pacificación de las pandillas fue un fracaso. Deben ser disueltas y no tener personería jurídica ni poder político, menos aún ser subestimadas ni tratadas como boy scouts.

Fuente: Cuenta de TIK TOK Ecuavisa (02-Feb-2024)

En resumen, se propone invertir en tecnología, infraestructura, armamento y no en más servidores policiales, que aumentan el gasto corriente, que de por sí ya es difícil de cubrir. Para tal efecto, se debe asegurar que los nuevos policías lleguen a un sistema con reglamentos que permitan la autodepuración y que cuenten con los medios para cumplir su misión. Es crucial priorizar la calidad sobre la rapidez en la formación policial en Ecuador, y es probable se deba analizar la estructura MILITAR que actualmente los rige. Se deberían incrementar los programas de formación, fortalecer la supervisión y evaluación de los policías, así como promover una cultura de ética en las fuerzas de seguridad. El Estado debe asignar recursos adecuados para garantizar una formación policial de calidad y sostenible en territorio.

El incremento de policías como política pública para mejorar la seguridad, constituye una política costosa, no necesariamente efectiva e inoportuna en las condiciones actuales de la institución policial y del país en su conjunto.