Militarización de la seguridad o policialización de las Fuerzas Armadas, dos caras de la moneda.

De acuerdo al Libro Blanco del Ecuador, la misión fundamental de las Fuerzas Armadas consignada en la Constitución de la República del Ecuador, “es la defensa de la soberanía y de la integridad territorial” (Ministerio de Defensa Nacional, 2018, pág. 19), requiriendo para tal efecto, un direccionamiento político para dotar a las FF.AA. de medios, fines y modos, que le permitan el desarrollo de capacidades estratégicas y a partir de ellas, apoyar con la seguridad integral y al desarrollo nacional, cumpliendo además misiones complementarias en tiempos de paz, crisis sin descuidar su misión fundamental en el ámbito externo.

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En este contexto, ¿estamos frente a una militarización de la seguridad o a una policialización de las Fuerzas Armadas? En el artículo siguiente se presentarán los argumentos que permitan dilucidar esta interrogante.

Palabras Clave: Fuerzas Armadas, misión fundamental, misiones complementarias, seguridad y defensa.

Escenario regional

No es necesario profundizar sobre la grave situación que atraviesa América Latina, basta con ver cualquier noticiero para constatar que el crimen organizado puede presentarse de muchas formas, siendo una de ellas el narcotráfico y sus delitos conexos que en Ecuador lastimosamente han encontrado caldo de cultivo. Diversos factores caracterizan su aparecimiento: crisis social, inestabilidad política, ubicación geográfica, contrabando, migración descontrolada, ambigua legislación; muchos de ellos han sido provocados por intereses políticos-económicos con terribles consecuencias: lavado de activos, usura, sicariato, crisis carcelaria, corrupción, tráfico (armas y personas), homicidios, llegando en la mayoría de manifestaciones a superar el accionar de la fuerza pública.

“La idea es obtener la máxima rentabilidad de una fuerza disciplinada, organizada y con recursos humanos y materiales, que está acuartelada preparándose frente a un enemigo que no aparece ni se le espera, según la percepción generalizada de la ciudadanía”.

Carolina Sampó y Sonia Alda

La solución de los gobiernos de la región derivada de una tendencia mundial, es emplear a sus fuerzas armadas en el combate del crimen organizado mediante una adaptación progresiva, buscando una polivalencia de sus capacidades estratégicas actuales, ante la falta de un supuesto enemigo externo (¿militarización de la seguridad?), que, en la medida de los escenarios y eventos específicos de cada país, han llevado a su empleo sin un marco jurídico claro, sin medios adecuados y peor aún sin una doctrina de empleo conjunta con la policía nacional.

La ausencia notoria de estos elementos básicos dificulta preclaramente la transición del accionar militar desde su tradicional escenario de defensa externa, a un escenario de seguridad interna que le permita enfrentar eficazmente las denominadas amenazas transnacionales; siendo evidente la falta de planificación por el nivel político (saben que lo requieren, pero no saben cómo deben hacerlo, ni lo que necesitan), para que los militares trabajen con y entre la población civil.

Escenario del Ecuador

Luego de la dictadura militar, la influencia militar en la toma de decisiones de la administración del Estado era notoria; incluso hasta el año 1997, fueron cinco los gobiernos que no terminaron su periodo presidencial a causa de paros y golpes de estado, con una marcada intervención militar en la decisión del futuro del país.

Hacia inicios del siglo XXI, Ecuador soluciona aparentemente los problemas limítrofes con Perú, luego de la gloriosa gesta de sus Fuerzas Armadas en el Cenepa; dicho evento le otorgó notoriedad, credibilidad e influencia en la política del Ecuador; paralelamente se inicia un fenómeno sobre el tema de la seguridad ciudadana, en donde municipios de ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, se hacen cargo de competencias de seguridad, ofertando una ciudad segura y sin delincuencia, excluyendo de alguna manera la influencia del Estado. El Gobierno de Rafael Correa desde el 2007 busca tomar nuevamente el poder de las urbes, en una clara pugna con los alcaldes, especialmente de Quito y Guayaquil.

Desde el 2008 el Gobierno de turno inició con la dotación a las Fuerza Armadas y a la Policía Nacional de recursos para su renovación de equipos; pero ya con la Constituyente se derogaba la atribución de las FF.AA. como garantes del orden constitucional. En su afán de no perder el control de la fuerza pública, se nombra ministros de alta confianza y se crea el Ministerio Coordinador de Seguridad Externa e Interna, la Secretaria Nacional de Inteligencia (Senain) y la Secretaría de Planificación del Estado, delineando estrategias para el control civil de las FF.AA., por medio de leyes (Ley de Seguridad Pública y del Estado), normas y regulaciones de control, así como la imposición de funcionar como un sistema de administración por procesos; con un notorio descuido (voluntario o no) en la generación del marco jurídico para la aplicación de las FF.AA, así como la limitación del rol de los Ministerios de Defensa, Seguridad Interior y Cancillería, provocando un conflicto inevitable entre las culturas organizacionales confrontadas, tal como lo predijo Samuel Huntington en su obra “el orden político de las sociedades en cambio”.

Un punto de inflexión en la política de seguridad interna, constituyó el 30S, el hecho que el primer mandatario tuviese que recurrir al CC.FF.AA. para ser rescatado, lo interpretó como un hecho de debilidad. En 2011 se anuncia un nuevo referéndum, con el objetivo de blindar al gobierno, consolidar posición de RC para dos años más de gobierno con miras a una reelección y en el aspecto de seguridad pública reformas para que los militares participen en cuatro ámbitos, definidos en la Agenda Política de la Defensa 2014-2017: defensa de la soberanía, participación en seguridad integral, apoyo al desarrollo y contribuir a la paz regional y mundial; ésta última con la participación activa de la UNASUR. De esta manera, queda claramente definido que el Ministerio de Defensa Nacional enarbola la conducción política de la defensa y el CC.FF.AA. como ente operativo, subrogado y con un mando de libre remoción a cargo del Presidente de la República como máxima autoridad de las FF.AA.; en donde la fuerza pública obligatoriamente debe remitirse a la planificación del gobierno.

El Plan Nacional de Seguridad Integral 2014 no considera el combate al crimen organizado y deja ambigüedades en la aplicación de la misión fundamental y las denominadas misiones complementarias; lo que viene acompañado con acercamientos y concesiones a organizaciones como las FARC y Latin Kings, así como la intensión de formar una «organización armada» al margen de las fuerzas públicas, con el nombre de Servicio de Protección Pública, que desde la perspectiva de la oposición se veía como una fuerza política armada al servicio del oficialismo, a decir del legislador de la oposición Diego Salgado, quien concluye que será empleada por el Gobierno para «perseguir» a sus detractores, como lo hacía ese momento la SENAIN.

“La creación de un cuerpo de seguridad armado, al margen de las Fuerzas Armadas y de la Policía, adscrita además a una Secretaría de Estado, sin duda contraría todo estándar de protección a los DD.HH., así como abre la puerta para la utilización de estos grupos armados para reprimir a la ciudadanía”.

Presidente Comisión de DD.HH.

El escenario derivado nubló la visión de políticos y militares para realizar un análisis prospectivo del alcance de las verdaderas amenazas que se estaban creando como parte del surgimiento del crimen organizado transnacional; así, el análisis sistemático de las amenazas quedó a un lado frente a las voluntades políticas.

Para Samuel Huntington, la profesionalización de las Fuerzas Armadas, las inhibirá para asumir funciones expandidas (Huntington, 1995). Pero también el control objetivo por parte de la autoridad política, lo que supone lograr la subordinación de los militares al poder civil a partir de la convicción en los valores democráticos y por medios institucionales. Según Alfred Stepan, el monopolio del uso de la fuerza requiere en una democracia moderna (Stepan,1975). Volviendo a Huntington, el control civil subjetivo tiene que ver con las relaciones no institucionalizadas, más bien arbitrarias, entre autoridad política y militares.

Bertha García Gallegos

Todo ese aparataje burocrático queda al descubierto y tratan de darle otro rumbo “político” en el Libro Blanco del 2018, en donde ya se menciona al crimen organizado transnacional y se establecen misiones fundamentales y complementarias:

Todo ello queda en letra muerta al contrastar la realidad en donde el Ecuador presenta un acelerado aumento en las estadísticas del crimen organizado y sus delitos conexos, con formas inéditas de violencia en los paros nacionales y la brutalidad de los crímenes a nivel nacional y en especial en las provincias de Guayas y Esmeraldas, lo que algunos autores llaman la “mexicanización” de la violencia (sicarito, secuestro, coches bomba, vacunas, entro otras).

El Presidente Lasso ha ofrecido destinar 1.200 millones de dólares para combatir la inseguridad, incorporando a la vez más de 30.000 policías; que desde la perspectiva de muchos analistas de seguridad, constituye una medida improvisada y obedece a la recuperación de los medios; más esos mismos medios están limitados en su uso y aplicación ante la carencia de un sistema de justicia y de rehabilitación que permita complementar el trabajo y esfuerzo de la fuerza pública, así como la ausencia del Estado en zonas populares e indígenas, caldo de cultivo para la proliferación y zonificación del crimen organizado, todo ello ante la incapacidad de establecer acuerdos políticos que le faciliten el cumplir una agenda que, a pesar del presupuesto invertido para medios, quedará en un esfuerzo limitado frente a una amenaza creciente, con una amplificación de los medios de comunicación.

“Si el Estado no toma medidas de contención, podríamos dispararnos a niveles de violencia muy cercanos a México”

Carolina Andrade (experta en seguridad ciudadana)

Conclusiones

Para combatir a las nuevas amenazas se requiere de un Estado con una fuerza pública fortalecida, el paradigma de la militarización de la seguridad debe ser tomado como una oportunidad para que las FF.AA., pongan en juego su formación, disciplina y estructura, así como capacidad de adaptación para construir sinergias que le permitan el trabajo conjunto con la Policía Nacional, con ámbitos claramente diferenciados, sin llegar a la policialización de las FF.AA., para ello se requiere de una planificación en base a un escenario prospectivo común de la fuerza pública y un diagnóstico holístico que les permita trabajar en forma conjuntar para ser eficientes y eficaces en el cumplimiento de sus misiones.

Una visión prospectiva y holística permitirá generar o fortalecer las capacidades estratégicas de FF.AA., sin que la adquisición de equipos marque su agenda, resultando urgente un marco jurídico definido y doctrina conjunta efectiva para su empleo que eviten la duplicación de esfuerzos en un país con unas FF.AA. relativamente pequeñas, sin recurrir a soluciones cortoplacistas, considerando que los presupuestos serán insuficientes, dificultando el sostenimiento logístico de las nuevas capacidades creadas (siendo peor cuando cada fuerza duplica las capacidades de las demás o se adquieran equipos sin una amenaza clara).

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Bibliografía utilizada

Carolina Sampó y Sonia Alda, La transformación de las Fuerzas Armadas en América Latina ante el crimen organizado (2019).

Bertha García Gallegos, Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y las nuevas amenazas: la transición crítica hacia un nuevo paradigma de seguridad y defensa

Bonilla, A. (1992). National Security decision – making in Ecuador. The case of the war on drugs. Miami: University of Miami.

Diario El Comercio (13 de junio de 2015). Obtenido de Los militares armaron un manual para controlar la seguridad interna: https://www.elcomercio.com/actualidad/militares-control-seguridad-internafuerzasarmadas.

Huntington, S. (1995). El soldado y el Estado: teoría y política de las relaciones cívico-militares. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

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