El mundo al revés.

En el Ecuador de hoy, la lógica se ha invertido: los criminales son protegidos por leyes garantistas, mientras quienes arriesgan su vida deben pedir permiso para defendernos.

La fuerza pública detiene a sicarios, extorsionadores y narcotraficantes, pero los ve salir por la puerta de atrás del sistema judicial gracias a medidas cautelares, habeas corpus o sentencias por “falta de motivación”. A veces, incluso sin audiencia.

La frustración ya no proviene solo de la ciudadanía. Es ahora la misma fuerza pública la que exige justicia. El coronel en servicio pasivo Geovanny Tipánluisa lo expresó con crudeza:

“Cuando un policía entrega su vida, expone a su familia y enfrenta al crimen, lo mínimo que espera es que el sistema judicial no lo traicione.”

A este reclamo se suman voces como la del teniente coronel Patricio Vargas, subcomandante en Morona Santiago, quien al detener a un presunto extorsionador cuestionó públicamente la absurda norma que impide mostrar el rostro del aprehendido:

“Por derechos humanos no se les puede mostrar el rostro, pero nosotros sí debemos dar la cara. ¿Será que no tenemos familia o que no estamos también en riesgo?”

Pero hay algo aún más alarmante. Algunos operadores de justicia han pasado de ser garantes de la ley a facilitadores del crimen. Casos como el del exjuez Javier M., quien liberó a un cabecilla narco, o los revelados por las operaciones “Metástasis” y “Purga”, confirman que no se trata de errores aislados, sino de una red de impunidad estructural. Frente a esta realidad, el Estado ha empezado a reaccionar. El Ministerio del Interior, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), anunció que se revisará el patrimonio de jueces y fiscales que hayan favorecido sistemáticamente a estructuras criminales con fallos sin justificación técnica.

Sin embargo, la depuración no puede ser selectiva. También existen casos de corrupción dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. En junio de 2025, el Ministerio de Gobierno anunció la desvinculación de cinco funcionarios por estar involucrados en actos ilícitos. Aunque se trata de casos puntuales, evidencian que la lucha contra el crimen debe empezar por casa. La integridad debe ser un principio innegociable: ni en los tribunales, ni en los cuarteles, ni en los escaños legislativos puede haber espacio para la impunidad.

Las cifras hablan por sí solas. En lo que va de 2024, se han registrado más de 3.000 homicidios, el 33 % de la población ha sido víctima de extorsión o secuestro, y las denuncias por crimen organizado se han triplicado desde 2019. Más de 30 jueces y fiscales están siendo investigados por presuntas liberaciones indebidas, mientras en los barrios, los ciudadanos siguen viviendo con miedo.

“Cuando el delito se multiplica y la impunidad lo protege, ya no parece crimen: parece sistema.”

Bertolt Brecht

Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. El problema no es solo que el mundo esté al revés. El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir cabeza abajo.

Cuando quienes juraron protegernos claman por justicia y el sistema libera a los mismos delincuentes una y otra vez, la verdadera pregunta ya no es “¿quién tiene la culpa?”, sino: ¿a quién le conviene que nada cambie?

Cuando las decisiones/acciones contradicen el sentido común, no estamos ante un error técnico: estamos ante una crisis ética, en un país donde las máscaras ya no esconden identidades: esconden responsabilidades…. a continuación, algunos ejemplos:

• Pandilleros, deportistas, cantantes y bailarines juegan a ser asambleístas.
• “Políticos” juegan a ser pandilleros, raperos o animadores de TikTok.
• “Políticos” que cambian de partidos, como cambiar de corbata.
• Jueces están en la cárcel… por liberar a delincuentes.
• Delincuentes se declaran perseguidos políticos para escapar de la ley.
• Niños juegan a ser gatilleros en videos virales.
• Gatilleros pretenden ser niños para no ser juzgados.
• Policías muestran su rostro… mientras los rostros de los criminales son pixelados.
• Y los asambleístas no legislan por las víctimas, sino que se preocupan por los derechos de los delincuentes.

“Quien no asume el desafío de proponer algo distinto, se resigna a permanecer en los márgenes de la mediocridad.”

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• BIBLIOGRAFÍA ANALIZADA

• Ministerio del Gobierno. (2025). Desvinculación de cinco funcionarios por actos ilícitos.
• Tipánluisa, G. (2024). Los policías no son enemigos de los jueces. El Comercio.
• Exprésate Morona Santiago. (2025). Declaraciones de Tcrn. Patricio Vargas.
• Ministerio del Interior y UAFE. (2025). Investigación patrimonial a jueces y fiscales.
• Teleamazonas. (2025). UAFE analizará patrimonio de jueces que favorecen a estructuras criminales.
• HRW y Observatorio del Crimen Organizado. (2024). Estadísticas nacionales.
• Fiscalía General del Estado. (2024). Operaciones “Metástasis” y “Purga”.

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