Autor:
Víctor Xavier Enríquez Champutiz
Publicado: 11/01/2025
Descubre cómo la crimilegalidad, las instituciones extractivas y la cultura del privilegio están moldeando el futuro de la gobernanza en el Ecuador. Un análisis profundo que nos invita a reflexionar sobre el presente y las decisiones políticas que marcarán nuestro destino.
Samuel Huntington, en su obra sobre las relaciones cívico-militares y el choque de civilizaciones, plantea una crítica contundente a la manera en que las sociedades modernas enfrentan los cambios sociales y los desafíos de seguridad. Este análisis es particularmente relevante al considerar cómo ciertos enfoques progresistas, según lo analizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en su obra «Epistemologías del Sur», han cuestionado la concentración del monopolio de la fuerza del Estado, promoviendo un control político de los ministerios de defensa que busca evitar abusos pero que, en muchas ocasiones, puede limitar la capacidad de acción estatal, ese espacio gris es aprovechado por el crimen organizado.
Huntington señala que el equilibrio entre lo civil y lo militar es esencial para mantener el orden en una sociedad en constante transformación.
Un ejemplo de este desequilibrio se observa en países donde los militares son utilizados como fuerza principal para combatir el crimen organizado, lo que puede debilitar las estructuras de seguridad interna y aumentar las tensiones políticas. En contraste, naciones como Alemania han logrado mantener una clara delimitación entre las funciones civiles y militares, fortaleciendo la estabilidad institucional y la seguridad estatal. En este contexto, se evidencia cómo la debilidad de las instituciones estatales para adaptarse a nuevas realidades incrementa la vulnerabilidad frente a fenómenos como la crimilegalidad, donde actores no estatales aprovechan y explotan las fallas del sistema.
Daron Acemoglu y James Robinson, en su obra “Por qué fracasan los países”, complementan esta visión al destacar la importancia de las instituciones inclusivas en el desarrollo y estabilidad de los Estados. Argumentan que los países con instituciones extractivas están condenados a reproducir ciclos de pobreza y corrupción, al permitir que élites restringidas exploten a la mayoría de la población.
Ecuador es un ejemplo tangible de estas dinámicas, para muestra podemos citar los más sonados casos de corrupción como Purga, Metástasis, entre muchos. La debilidad de sus instituciones ha llevado a un estado vulnerable, incapaz de mantener el monopolio legítimo de la fuerza y de garantizar servicios públicos adecuados. Esta situación ha permitido la proliferación de gobernanzas criminales, donde las bandas criminales cooptan espacios en el Estado. Los índices de criminalidad en el Ecuador han mostrado un incremento significativo en los últimos años, alcanzando una tasa de homicidios de 25 por cada 100,000 habitantes en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), situándose por encima del promedio regional de América Latina. Además, se han reportado un aumento en delitos violentos como el sicariato y el robo a mano armada, lo que subraya la necesidad de una respuesta estatal efectiva para contrarrestar estas tendencias.
El término «crimilegalidad» es utilizado en diversos estudios para describir la fusión entre actividades legales e ilegales que socavan las bases de la gobernanza estatal. Este concepto ilustra cómo actores no estatales utilizan estructuras legales para legitimar sus actividades ilícitas. Asimismo, la corrupción juega un papel clave al debilitar las instituciones hasta el punto de generar desconfianza generalizada, lo cual puede transformar al país en un «Estado frágil». Este es el punto previo antes de que un Estado sea catalogado como «Estado fallido», un término popularizado por autores como Zartman (1995) y utilizado para describir a las naciones incapaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Por otro lado, el concepto de «Estado frágil», desarrollado en estudios como los de Hannah Arendt, se refiere a un estadio preliminar donde las instituciones son demasiado débiles para sostener el orden y garantizar la inclusión ciudadana, muchas veces antecediendo la transición hacia narcoestados o estados criminales.
El intento del gobierno ecuatoriano de implementar la pacificación de bandas durante la administración gubernamental del período 2007-2017 representa un ejemplo claro de cómo las instituciones extractivas pueden facilitar la gobernanza criminal. En lugar de restablecer el control estatal, estas políticas generaron un espacio para que actores violentos consolidaran su poder político y territorial.
Las instituciones extractivas no solo han permitido esta gobernanza criminal, sino que también han sistematizado una cultura de privilegio. Esto explica por qué se siguen creando partidos y movimientos políticos que perpetúan estas estructuras, en lugar de fomentar un cambio significativo. Sonia Alda Mejías, en su obra La cultura del privilegio y la privatización de las funciones del Estado, elementos esenciales para la gobernanza criminal, describe cómo esta cultura del privilegio refuerza la desigualdad estructural y permite la consolidación de redes clientelares que benefician a una élite reducida a expensas del resto de la sociedad. Esta cultura, al privatizar funciones estatales, implica que servicios esenciales como seguridad, justicia o salud sean gestionados por actores improvisados, debilitando el control público y reduciendo la capacidad del Estado para garantizar la equidad. Como resultado, sectores vulnerables quedan excluidos de la gobernanza, mientras que las élites se benefician de sistemas paralelos que refuerzan su posición de poder.
En este contexto, el concepto de “duopolio de la violencia”, desarrollado por Benjamin Lessing, ofrece una perspectiva única para analizar la interacción entre el Estado y las organizaciones criminales. Este modelo sugiere que el crimen organizado y el Estado a menudo comparten el control sobre ciertos territorios, generando una dinámica que oscila entre la competencia y la colaboración. En el caso ecuatoriano, esta relación es evidente en las zonas donde las bandas criminales actúan como proveedores de servicios, estableciendo normas y ejerciendo autoridad en espacios donde el gobierno tiene poca o nula influencia, cabe destacar que no necesariamente es relacionado con un territorio, en el caso Ecuador las cárceles constituyen este espacio.
La crimilegalidad también ha dado paso a lo que se denomina «crimilegitimidad». Mientras que la crimilegalidad se refiere a la combinación de actividades legales e ilegales, la crimilegitimidad representa la aceptación social de estas estructuras como formas alternativas de orden.
Este fenómeno se observa en comunidades donde las organizaciones criminales proveen ayuda social, justicia y “(in)seguridad” que el Estado es incapaz de ofrecer, consolidando su poder y su influencia. Según Arias (2017), la gobernanza criminal puede clasificarse en cuatro tipos principales, dependiendo del grado de consolidación de los grupos armados y su relación con el Estado: gobernanza colaborativa, como en Medellín, donde bandas locales colaboran con instituciones estatales para mantener cierto orden; gobernanza por niveles, observada en algunas zonas de Brasil, donde grupos criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) imponen normas en prisiones y barrios periféricos con una jerarquía interna sólida; gobernanza dividida, como en partes de México, donde múltiples cárteles compiten por el control territorial, generando altos niveles de violencia; y desorden criminal, evidente en contextos de colapso estatal como Haití, donde ninguna organización logra consolidar su dominio. Estas categorías permiten entender cómo las bandas criminales adaptan su poder según las condiciones del entorno.
| Vínculos | Grupos armados consolidados | Grupos armados NO consolidados |
| Vínculos colaborativos | Gobernanza colaborativa | Gobernanza por niveles |
| Vínculos de confrontación | Gobernanza dividida | Desorden criminal |
La adaptación de las organizaciones criminales a las instituciones existentes también es un fenómeno destacado por Sonia Alda Mejías. Las organizaciones criminales no solo desafían al Estado, sino que también buscan complementar sus funciones en áreas donde este es ineficaz.
Esto incluye el establecimiento de sistemas de justicia rápida y punitiva, como los implementados por el PCC en Brasil, donde disputas locales se resuelven mediante «tribunales» internos que dictan sentencias inmediatas. En Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) también ejercieron control en zonas rurales, castigando delitos menores para garantizar el funcionamiento de sus operaciones. Si bien estos sistemas ofrecen rapidez en la resolución de conflictos, generan un clima de temor en las comunidades locales al imponer castigos desproporcionados que refuerzan su poder mediante la coerción. Estas dinámicas refuerzan el poder de las bandas al consolidar su legitimidad frente a comunidades desatendidas por el gobierno. Sin embargo, es crucial resaltar que estas organizaciones operan al margen de la ley, mientras que la fuerza pública, aunque limitada por el control político y social, está sujeta a regulaciones nacionales e internacionales, incluyendo el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, lo que configura una distinción fundamental en sus roles y responsabilidades.
Un debate esencial en este escenario es si la respuesta del Estado debe centrarse en la militarización de la seguridad o en la policialización de las Fuerzas Armadas. Ambos enfoques presentan ventajas y limitaciones. Mientras la militarización puede proporcionar una respuesta contundente a corto plazo, también plantea el riesgo de desnaturalizar el rol de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la policialización de estas fuerzas puede diluir su capacidad para enfrentar amenazas convencionales, dejando al Estado vulnerable en otros ámbitos.
En este sentido, se hace imperativo definir estrategias integrales que fortalezcan la capacidad institucional del Estado sin comprometer su estructura ni sus principios fundamentales.
Como destacan Acemoglu y Robinson, el éxito de un país depende de su capacidad para construir instituciones inclusivas que promuevan la participación de todos los sectores de la sociedad en el proceso de gobernanza. Estas instituciones deben trabajar en conjunto para romper el círculo vicioso de extractivismo que perpetúa la desigualdad y la inseguridad. Mejorar y respetar las políticas públicas es fundamental en este contexto, garantizando que estas se diseñen con transparencia, se implementen de manera efectiva y se orienten al bienestar colectivo. Enfrentar la crimilegalidad requiere un esfuerzo coordinado que trascienda las soluciones inmediatas y aborde las causas profundas del problema, asegurando un monopolio legítimo de la fuerza que respalde un orden social justo y duradero.
Un ejemplo es el modelo de «ciudades seguras» en Medellín, Colombia, que surgió como una estrategia integral que combinó una fuerte intervención estatal con inversiones sociales. Se implementaron proyectos de infraestructura, como bibliotecas y sistemas de transporte público, en zonas marginales dominadas previamente por el crimen organizado. Además, se crearon programas educativos y oportunidades laborales para jóvenes, junto con una ofensiva sostenida contra los cárteles de drogas, lo que logró reducir significativamente los índices de criminalidad y restablecer la confianza en las instituciones. Por su parte, el enfoque de «justicia comunitaria» en Nueva Zelanda, particularmente aplicado entre comunidades, busca integrar mecanismos tradicionales de resolución de conflictos en el sistema de justicia moderno. Este modelo promueve la reconciliación entre las partes involucradas, el reconocimiento de responsabilidades y la reparación del daño causado, fortaleciendo así la cohesión social y la confianza en el sistema judicial.
Finalmente se concluye que, con las próximas elecciones en el Ecuador, es vital reflexionar sobre las opciones políticas, ya que falsas tendencias podrían consolidar aún más un Estado de crimilegalidad.
«Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad«
Mario Moreno Cantinflas
Como advierte Hurtado citando a Avendaño en «Las costumbres de los ecuatorianos», “los pueblos americanos obedecen más al sentimiento que a la razón”, lo que subraya la importancia de decisiones informadas, racionales y coherentes para el futuro del país.
Triste realidad de nuestros pueblos.
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Referencias
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Deusto.
Alda Mejías, S. (2017). Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina.
Arias, E. D. (2017). Criminal Governance in Latin America.
Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2023). Estadísticas de criminalidad en el Ecuador.
Lessing, B. (2020). Conceptualizing Criminal Governance. Cambridge University Press.
Santos, B. de S. (2014). Epistemologías del Sur: Perspectivas. Siglo XXI Editores.
Hurtado, O. (2024). Las costumbres de los ecuatorianos. Editorial S.A.S.
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Blog Víctor Enríquez 
Estoy de acuerdo con el autor en relación con que las instituciones de seguridad del Estado deben tener sus funciones y responsabilidades bien definidas a fin de que cada una pueda desarrollar sus capacidades de conformidad con las amenazas que se vayan identificando y no existan esfuerzos que no sean eficientes en la lucha contra el crimen organizado transnacional, lo que a la final le causa un desgaste a las fuerzas de seguridad y permite una consolidación de estas bandas criminales que van ganando territorio y conocimiento de cómo realizar sus actividades. Adicional, es importante la participación de otras instituciones del Estado para lograr llegar impactar en la base del problema, que son las necesidades de los ciudadanos que son afectados por la presencia del crimen organizado. Es decir, debe haber una solución integral como Estado en aquellos territorios donde se encuentra la presencia del crimen organizado, con seguridad, educación, salud y otros servicios esenciales para la población.
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Estoy de acuerdo con el enfoque del artículo, en el cual detalla claramente las repercusiones que debe esperar el Estado, al enfrentar a las nuevas amenazas que aquejan a la sociedad, empleando instituciones públicas cuya naturaleza y responsabilidad no es la de combatir amenazas de ámbito interno.
Considero que la mejor opción es la militarización de la seguridad, debido a que el Estado como responsable de la paz y seguridad pública tiene que, hacer uso de las Fuerzas Armadas, pues, es esta institución la responsable en estados de excepción de apoyar a la Policía Nacional para restablecer el orden y la paz social.
Es importante también que se emplee todo el poder nacional contra las nuevas amenazas que afectan al Ecuador, para que se realice un trabajo interinstitucional eficiente y sobre todo se cumpla con la seguridad integral como consta en el art. 3 de la Constitución Política del Estado.
Said Navas.
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Excelente Artículo, menciona varios temas de los que Fuerzas Armadas está, inmersos actualmente, especialmente la participación activa en operaciones militares dentro de un Conflicto Armado no Internacional.
Desde mi punto de vista la intervención no solo debe ser de Fuerzas Armadas sino del Estado como un complemento, bien cita Ud. mi Tcrn el ejemplo de Medellín, donde existió una intervención integral por parte del Estado; todos sabemos que en un conflicto, sea este interno o externo, el pode del Estado es el que actúa, no solo las instituciones de seguridad.
Del artículo pongo énfasis en estos conceptos que son muy importantes para nuestro accionar: «La crimilegalidad también ha dado paso a lo que se denomina «crimilegitimidad». Mientras que la crimilegalidad se refiere a la combinación de actividades legales e ilegales, la crimilegitimidad representa la aceptación social de estas estructuras como formas alternativas de orden.»
La intervención del Estado debe incluir no solo acciones militares o policiales, sino también políticas de desarrollo social y económico que aborden las causas del conflicto, como la pobreza y la falta de empleo. Además, es crucial fortalecer las instituciones de justicia y seguridad para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y eficiente.
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Creo que la solución para enfrentar las amenazas actuales es el fortalecimiento del estado ecuatoriano, dentro de una seguridad integral, y la misma descrita como la intervención holística del estado, dentro de todos los campos sociales, políticos, de salud, bienestar, educación y una intervención inicialmente policial y si esta no funciona una intervención militar.
Estoy en desacuerdo que la militarización de la seguridad sea la solución, por ningún concepto es correcto que las FFAA, pierdan su naturaleza propia, el motivo por el cual fueron creadas y la razón de ser de estas.
En países con mayor experiencia, se puede ver que este concepto no tiene cabida y mas bien es necesaria una intervención a la policía nacional y a los organismos de justicia, para que puedan cumplir con sus funciones y misiones constitucionales.
Cuando se incluye a las FFAA en tareas policiales se corre el riesgo de la perdida de profesionalismo, corrupción y destrucción de las bases fundamentales que sustentan a las Fuerzas Armadas.
Recordemos que ya nos esta pasando factura este proceso y debe ser evaluado, y corregido de ser necesario, pues la misión fundamental es la soberanía nacional y nuestra intervención dentro de la soberanía interna debe ser breve, contundente y permitir el rápido retorno de las entidades que son las responsables directas.
Según el Banco mundial, la implementación de estrategias integrales en países con debilidades institucionales puede verse obstaculizada por la corrupción, la falta de recursos y la baja capacidad de respuesta del Estado; por lo que se vuelve necesario un cambio estructural del estado completo y cambio de pensamiento nacional.
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A lo largo de la historia, el Ecuador ha vivido penosas experiencias que van relacionadas a una inseguridad legal (frágil estado de derecho) basados en las tendencias políticas de turno, y son precisamente las zonas grises entre lo civil y lo militar las que permiten la práctica de esta realidad. Para ejemplificar este argumento, me permito traer a colación el caso de los militares y policías procesados luego de varios años después por presuntos actos que van contra los Derechos Humanos cuando a su tiempo, con decisión y autorización del gobierno, se desarticularon las células de “Alfaro vive carajo”.
Por otro lado, al hablar de crimilegalidad, se me viene a la mente, una práctica que se encuentra muy de moda, como es el lavado de activos, considerado como un delito que consiste en ocultar el origen ilícito de dinero o bienes, para darles apariencia de legalidad.
Bajo este contexto, y según información del medio digital “noticias.policia.gob.ec” del mes de noviembre de 2024, en el que se relata la ejecución de la operación “Gran Fénix 314” se indica: “Los implicados en este delito habrían creado empresas fachada para el lavado de fondos ilícitos, recibiendo transferencias millonarias desde empresas en Eslovaquia y Croacia durante los años 2020 y 2023 por más de USD 4.3 millones de dólares. Con estos recursos, la organización estableció negocios de seguridad privada, transporte pesado y camaroneras como fachada para ocultar el origen del dinero, permitiendo la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y maquinaria por más de USD 1.3 millones de dólares”; esta realidad atada a la corrupción de ciertas instituciones de control, han hecho de la crimilegalidad una forma de operar muy rentable.
Mayo. Julio Gallegos
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El fenómeno de la crimilegalidad en Ecuador, caracterizado por la fusión de actividades legales e ilegales debido a la debilidad institucional y la corrupción, ha generado un impacto negativo en la seguridad y la confianza ciudadana. La militarización de la seguridad, donde las Fuerzas Armadas son empleadas para funciones de seguridad interna, exponiendo riesgos como violaciones de derechos humanos, pérdida de capacidades estratégicas y tensiones con la población.
Es necesario analizar que la solución no solo pasa por un enfoque represivo de las fuerzas de seguridad, sino también por promover una cultura de legalidad y responsabilidad social que contrarreste la influencia de la crimilegalidad en todos los niveles. Esto implica no solo fortalecer las instituciones, sino también construir una ciudadanía activa y comprometida con la denuncia y prevención de actividades ilícitas.
El caso «Metástasis», es un claro ejemplo de cómo redes criminales se infiltran en estructuras legales para operar ilícitamente, erosionando aún más la legitimidad del Estado. Una posible solución es trabajar en fortalecer las instituciones inclusivas, implementar reformas que garanticen transparencia y rendición de cuentas, y fomentar una cultura de legalidad y participación ciudadana con el fin de llegar a un balance entre seguridad, democracia y confianza institucional.
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Al reflexionar sobre el contenido del blog, es evidente que la militarización de la policía puede ofrecer soluciones rápidas ante problemas complejos como el crimen organizado, pero también puede generar desconfianza y tensiones sociales si no se maneja con cuidado. La clave parece estar en encontrar un balance entre la seguridad y el respeto por los derechos humanos, aprendiendo de las experiencias tanto positivas como negativas de otros países.
Un ejemplo notable es el caso de Colombia, donde desde 1999 se ha implementado un programa de militarización para combatir el narcotráfico y grupos guerrilleros. Aunque en ciertos momentos se ha reportado una reducción en las tasas de criminalidad, también ha habido un aumento significativo en las violaciones a los derechos humanos y la percepción de abuso de poder por parte de las fuerzas del orden. Esto resuena con las preocupaciones planteadas en el blog sobre el riesgo de que la militarización lleve a un enfoque más agresivo y menos centrado en la comunidad.
En contraste, el modelo de policía en Alemania ofrece un ejemplo más positivo. A pesar de tener unidades especializadas para situaciones de crisis, Alemania ha mantenido un fuerte énfasis en la formación y el respeto a los derechos civiles. La creación de unidades como BFE+ busca responder a amenazas terroristas sin perder de vista la importancia del control civil y la rendición de cuentas. Este enfoque ha permitido una relación más positiva entre la policía y la comunidad, lo cual podría ser un modelo a seguir para Ecuador si decide avanzar hacia una mayor militarización.
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La mezcla de actividades legales e ilegales, junto con instituciones que favorecen a unos pocos y una cultura de privilegios, está debilitando la gobernanza en Ecuador. Al señalar la vulnerabilidad del Estado y cómo bandas criminales están ocupando espacios, el artículo destaca la necesidad urgente de fortalecer las instituciones y promover una gobernanza más inclusiva para evitar que el país caiga en ciclos de pobreza y corrupción. Este enfoque es esencial para entender las raíces de la inseguridad y la violencia en Ecuador, proporcionando una base sólida para desarrollar políticas públicas efectivas que aborden estos desafíos estructurales.
Aunque el artículo se enfoca principalmente en las fallas de las instituciones y cómo el crimen las ha infiltrado, podría estar dejando de lado las cosas buenas que el gobierno y la gente están haciendo para mejorar la situación y ser más inclusivos.
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La creciente interrelación entre el crimen organizado y el Estado ha generado un fenómeno complejo conocido como crimilegalidad. La corrupción, facilita la proliferación de la crimilegalidad en América Latina, tomando como caso de estudio a nuestro país. Autores como Huntington y Acemoglu Robinson han destacado la importancia de las instituciones sólidas para garantizar la seguridad y el desarrollo. Sin embargo, en muchos países de la región, las instituciones son débiles y permeables a la influencia del crimen organizado, lo que genera un círculo vicioso de violencia y desigualdad.
En conclusión, la crimilegalidad es un problema multifactorial que requiere de soluciones integrales. Fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y promover la participación ciudadana son pasos fundamentales para romper el ciclo de violencia y construir sociedades más justas y equitativas. Es necesario implementar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la crimilegalidad, como la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades. Además, es fundamental fortalecer la cooperación internacional para combatir las redes criminales transnacionales.
Finalmente, es necesario recordar que el problema de la llamada crimilegalidad es, como la mayoría de males sociales, un problema de Estado, no un problema de FF.AA., por el cual deben acutar y tratar de dar soluciones militares a problemas de sociales de caracter individual y necesidades básicas no atendiadas por parte del mismo Estado. «El ladrón seguirá robando mientras no tenga plata justa para comprar lo que necesita».
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El artículo muy interesante sobre «crimilegalidad» en Ecuador es un excelente aporte al análisis de los desafíos contemporáneos de la gobernanza en el país. Su combinación de teorías académicas y ejemplos locales permitirán entender de manera integral cómo las actividades criminales y legales se entrelazan, debilitando el estado. Además, resalta aspectos críticos como la fragilidad institucional y la aceptación social de estructuras criminales, ofreciendo reflexiones útiles para el debate. Finalmente esta lectura nos obligatoria para quienes buscan soluciones informadas a esta problemática compleja y urgente.
Mayo Pillajo Alex
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El artículo ofrece una perspectiva reveladora sobre la forma en que opera la crimilegalidad en el Ecuador, destacando tanto los desafíos estructurales que enfrenta el sistema jurídico como la necesidad de una mayor responsabilidad social. Es especialmente interesante cómo el autor enlaza la historia constitucional y las transformaciones políticas para sustentar la tesis de que no basta con la simple aplicación de la ley; se requiere de una dinámica más amplia e interdisciplinaria que involucre a la comunidad, a las instituciones y a los actores políticos. Esta visión resulta refrescante y abre la puerta a debates profundos sobre cómo reformar no solo la normativa, sino también la conciencia colectiva en materia de justicia y seguridad ciudadana.
Un aspecto particularmente innovador del texto radica en su enfoque de la “crimilegalidad” como un fenómeno que no se resuelve únicamente desde la perspectiva punitiva, sino que exige acciones preventivas y correctivas sostenidas a largo plazo. La propuesta de involucrar activamente a la sociedad civil y de generar procesos de educación y sensibilización aporta un matiz positivo al debate, alejándose de la mera penalización y apostando por la transformación cultural. De esta manera, el artículo no solo reta a reflexionar sobre el papel de las autoridades y el alcance del sistema penal, sino que también impulsa a cuestionarnos sobre nuestras propias responsabilidades colectivas, invitando a la construcción de un Ecuador más seguro y equitativo.
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El presente articulo nos brinda un análisis profundo sobre la fragilidad institucional en el Ecuador lo que ha facilitado la presencia del crimen organizado en las estructuras estatales. Personalmente coincido con el autor en que la corrupción y la falta de un equilibrio adecuado entre las instituciones civiles y militares han debilitado la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el orden.
La idea de «crimilegalidad» es un concepto muy interesante para describir la fusión de actividades ilícitas con el ámbito legal, lo que pone en riesgo la gobernabilidad y la seguridad jurídica del Ecuador.
Sin embargo, creo que además de fortalecer a las instituciones y combatir la corrupción, es necesario desarrollar estrategias complementarias para enfrentar este problema. Una de ellas es la implementación de políticas públicas de desarrollo social que reduzcan las condiciones de pobreza y desigualdad, que potencian a las organizaciones criminales, para reclutar con facilidad a nuevos miembros.
Creo es fundamental una reforma del sistema judicial y penitenciario, garantizando que los mecanismos de sanción y rehabilitación sean efectivos y no terminen convirtiéndose en herramientas del crimen organizado.
Por último, considero que el fortalecimiento del control territorial y la cooperación internacional son clave para frenar la expansión de estas redes criminales.
Ecuador no está solo en esta problemática, por ende, no puede enfrentar solo esta crisis; requiere alianzas con países que se ven afectados por el crimen organizado transnacional y organismos multilaterales para compartir inteligencia y coordinar operaciones militares e interinstitucionales contra el crimen organizado transnacional.
Si bien el diagnóstico presentado en el artículo es preciso y grave, considero que la solución pasa por un cambio integral en las diversas funciones del Estado, solución que combine el fortalecimiento institucional con políticas públicas de seguridad, desarrollo y cooperación internacional, con cambios fundamentales en la normativa jurídica desde la constitución y leyes, que sancionen más drásticamente el crimen organizado transnacional.
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Buen día a los participantes del blog. La CRIMILEGALIDAD EN EL ECUADOR es una realidad indiscutible que solo puede corregirse con cambios estructurales, iniciando por una reforma legal que facilite la labor de la fuerza pública en la lucha contra el crimen organizado.
Existen vacíos legales y ambigüedad en la normativa jurídica del Ecuador que dificulta la acción de los jueces; pero así mismo, también se debe fortalecer el sistema de inteligencia del Estado, a fin de identificar las amenazas a la seguridad interna. Es necesario identificar, destituir y encarcelar a los funcionarios de la judicatura que son parte del crimen organizado y que fomentan la impunidad en nuestro país.
Antes de la primera vuelta electoral de este 2025, varios candidatos indicaron que impulsarían una asamblea constituyente para promulgar una nueva carta magna en el Ecuador. Es necesario proteger a los miembros de la institución de todas las acciones derivadas de las operaciones del ámbito interno, y así garantizar un estado de derecho.
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El espacio gris que menciona Huntington debe ser analizado desde la perspectiva militar como institución encargada de la defensa nacional, la cual al asumir la participación complementaria a la policía nacional en el control del orden público, y a través del decreto 111 y sus subsiguientes estados de excepción se encuentra empeñada en llevar adelante el CANI, inevitablemente se ha vuelto parte de esta zona gris, pues esta enfrentando esta realidad en condiciones de: un doctrina Westfaliana tradicional que no es apropiada para enfrentar el COT, una legislación infra constitucional que permite el actual delictivo bajo la sombrilla de los derechos humanos, el sistema judicial coaccionado por las mafias que buscas juicios favorables, falta de entrenamiento especifico en el cumplimiento de la LORULF y su manual, desconocimiento de las consecuencias de la violación de los derechos humanos, equipos, material y equipos incompletos, obsoletos e inexistentes. crean el espacio idóneo para que las estructuras criminales saquen ventaja y logren mayores espacios de influencia, capitalicen su economía ilegal y sean reconocidos en los sectores donde la presencia del Estado es nula.
todo esto hace que las Fuerzas Armadas no consigan resultados, su personal entre en fatiga por una rotación y descanso inapropiada, y lo mas trascendente resulta la perdida de credibilidad frente al pueblo Ecuatoriano. la zona gris de Huntington será cada ves mas obscura y la posibilidad de salir de la misma será cada ves mas inexistente, desmoronando la estructura del Estado y al debilitando a las Fuerzas Armadas.
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El fenómeno de la crimilegalidad en Ecuador, que mezcla actividades legales e ilegales, ha socavado las bases de la gobernanza estatal y lamentablemente, ha contaminado el entorno de la institucionalidad a nivel de todo el estado. La debilidad de las instituciones, agravada por la corrupción y la falta de recursos, ha permitido que actores no estatales ingresen a espacios dentro del Estado, aprovechando las fallas del sistema para consolidar su poder. Las bandas criminales, al actuar como proveedores de servicios en comunidades desatendidas, no solo ganan legitimidad, sino que también incrementan la vulnerabilidad del país ante fenómenos como la crimilegitimidad, donde las actividades ilícitas son aceptadas socialmente debido a la ineficacia del Estado.
En este sentido, el reto para Ecuador radica en fortalecer sus instituciones y desarrollar estrategias integrales que combatan la crimilegalidad y restauren el control estatal. La militarización excesiva y la policialización de las fuerzas armadas no son soluciones sostenibles ni a corto ni a largo plazo. Es imperativo que se fomente la participación de todos los sectores de la sociedad en el proceso de gobernanza, asegurando que las políticas públicas sean inclusivas y efectivas para mantener el orden y la seguridad en el país
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En el artículo se presenta una reflexión sobre la crisis de seguridad que afecta al país, centrándose en la interrelación entre la criminalidad y el sistema judicial ecuatoriano. Sin embargo, desde una perspectiva académica, se puede percibir datos en el tratamiento de los factores estructurales que generan la criminalidad, tales como la desigualdad socioeconómica, la corrupción institucionalizada y la debilidad del Estado de derecho. eEs importante destacar la reflexión crítica sobre la crimilegalidad en Ecuador, señalando la compleja interacción entre la corrupción, la debilidad institucional y el crimen organizado.
Resalta que la solución al fenómeno no debe centrarse únicamente en la aplicación de la ley, sino en una transformación profunda que involucre a la comunidad, las instituciones y los actores políticos, buscando una reformulación de la conciencia colectiva en temas de justicia y seguridad. Destaca como un enfoque innovador el involucrar a la sociedad civil en procesos de educación y sensibilización, alejándose del modelo punitivo y promoviendo acciones preventivas y correctivas a largo plazo.
También se cuestiona la militarización de las fuerzas de seguridad, considerando los riesgos de abusos y violaciones a los derechos humanos, utilizando ejemplos como Colombia y Alemania para ilustrar los efectos de este modelo. La reflexión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la solución de problemas sociales plantea la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad en la atención de las necesidades básicas y la construcción de instituciones más sólidas.
Finalmente, se enfatiza que la crimilegalidad es un problema multifactorial que exige políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales como la desigualdad y la falta de oportunidades, además de fortalecer la cooperación internacional para combatir redes criminales transnacionales.
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