La cuarta ola del crimen organizado contada con acento ecuatoriano.

Autores:

Víctor Xavier Enríquez Champutiz

Iván Preslav Bolaños Ramírez

Publicado: 06/01/2026

“Si puedes describir el problema con claridad, estás a medio camino de resolverlo.”
Así lo plantea la Ley de Kidlin, y es precisamente esa claridad la que hoy le falta al debate sobre la seguridad en el Ecuador. La violencia que atraviesa al país no es un fenómeno coyuntural ni un simple aumento del delito común, sino la expresión local de una transformación profunda del crimen organizado en América Latina

Hubo un tiempo, no muy lejano, en que Ecuador era descrito en los manuales de geopolítica como una “isla de paz”, a pesar de estar flanqueado por los dos mayores productores de cocaína del mundo. Hasta entonces, el país parecía haber sido inmunizado contra la violencia sistémica que imperaba en sus vecinos. Sin embargo, el tiempo demostró que esta paz no constituía una fortaleza, sino una debilidad para interpretar la mutación del crimen transnacional organizado.

Hoy, Ecuador se encuentra en el epicentro de lo que Douglas Farah ha denominado la “Cuarta Ola de la Violencia”. Esta posee características que la tornan sumamente compleja: un ecosistema criminal globalizado, descentralizado y profundamente diversificado que ha convertido al país en un nodo logístico estratégico para las mafias globales.

Este proceso evolutivo tomó mucho más de una década; actores criminales extrarregionales, como la mafia ‘Ndrangheta calabresa, los clanes albaneses y la mafia rusa se fueron asentando en ciudades como Guayaquil y Manta. En estos espacios captaron a las pandillas locales —actores periféricos hasta entonces— y crearon empresas fachada para posicionar una estrategia que hoy complica no solo a este Estado, sino al mundo entero.

Posteriormente, el fenómeno dejó de ser un problema de bandas para constituirse en un sistema multicapital que dispone de recursos políticos, económicos y sociales, creando una red de negocios criminales altamente sofisticada y ágil.

En la actualidad, la filosofía cooperativa del crimen transnacional organizado ha evolucionado de tal manera que esta cuarta ola generacional dista mucho de las estructuras anteriores: dejó de ser monolítica y de emplear el terrorismo como herramienta para enfrentar al Estado —primera ola—; o de infiltrarse en organizaciones políticas y económicas para legalizar sus acciones —segunda ola—; o de la cooptación del aparato público hasta criminalizar al Estado —tercera ola—.

La cuarta ola es un ecosistema de alta complejidad que ha diversificado productos, mercados y actores, utilizando no solo a un Estado, sino al conjunto de ellos para sus acciones delictivas. En efecto, empleando una analogía política, se puede afirmar que se trata de un multilateralismo criminal que opera de manera eficiente.

Esta teoría se ve reflejada crudamente en las calles a través de las cifras: en 2025, el país superó los 8.000 homicidios anuales, donde el 90% de las muertes está vinculada a disputas entre estructuras del crimen transnacional organizado (Ministerio del Interior, 2025). Esto representa una tasa de 50 muertes por cada 100.000 habitantes (Rivera, 2025), mientras que el promedio regional es de 20,2 y el mundial de 5,8 (Nash, 2025).

Estos resultados evidencian la feroz disputa por el control de los nodos críticos del país. El puerto de Guayaquil se ha vuelto vital debido al desplazamiento del mercado de cocaína hacia Europa y Asia, donde los precios triplican a los conseguidos en los EE.UU. Esta rentabilidad extrema financia un arsenal que, en múltiples ocasiones, supera al de las fuerzas de seguridad estatales.

Un error estratégico inicial en Ecuador fue haber observado el fenómeno solo a través del lente del narcotráfico, minimizando el impacto de la convergencia criminal. Es decir, la diversificación de las economías ilícitas del crimen transnacional organizado —minería ilegal, pesca ilegal y no regulada, tráfico de armas, secuestros, extorsión, entre otros— que garantiza su permanencia y poder frente al Estado. El oro, por ejemplo, tiene una ventaja perversa: es un producto legal en su fase final, lo que facilita el lavado de activos de forma masiva.

Asimismo, una característica distintiva de esta Cuarta Ola es la descomposición del sistema carcelario hasta convertirse en centros de mando y control criminal, desde donde los líderes gestionan sus imperios protegidos por los muros estatales y comunicados mediante tecnología cifrada.

Ante este escenario, el Estado respondió con lo que Steven Dudley —co-director de Insight Crime— denominó el problema del “sancocho”: agrupar a todos los actores criminales en una sola categoría y aplicar sobre ellos la fuerza militar[1]. No obstante, la lección es clara: la coerción sin una estrategia multidimensional como ESTADO solo desplaza la violencia, no la elimina.

[1] La militarización efectivamente es una herramienta que disponen los Estados que dentro de su concepción de autodeterminación puede ser empleada. De hecho, la gran parte de los Estados de la región, de una u otra forma contemplan que las FF.AA. participen complementariamente en la seguridad (RESDAL, 2024). Pero tras esta decisión, que está limitada temporal y espacialmente,  existen riesgos muy complejos que se deben asumir y que están ligados a los derechos humanos, la democracia, la gobernabilidad, entre otros.

Siendo así, resulta evidente que la emisión sucesiva de decretos, por sí sola, y la aplicación casi exclusiva del poder militar no han logrado reducir de manera sostenida los índices de violencia. Persistir en la idea de que más militares, más policías o más autoridades visibles en las calles constituye la solución al problema refleja una definición incompleta —y por tanto errónea— de la naturaleza del conflicto.

Esta aproximación no solo simplifica un fenómeno propio de la cuarta ola del crimen organizado, sino que lo reduce a una lógica reactiva de orden público, cuando en realidad se trata de una amenaza sistémica, transnacional y adaptativa. Convertida en acción política, esta estrategia tiende a repetirse con el paso del tiempo, perdiendo progresivamente eficacia operativa y credibilidad institucional, especialmente dentro del propio bloque de seguridad, que termina asumiendo costos crecientes sin contar con una dirección estratégica clara.

En este escenario, la presencia del Estado se vuelve visible, pero no necesariamente efectiva; coercitiva, pero no decisiva. El resultado es un desgaste acumulativo de las instituciones encargadas de la seguridad, mientras las estructuras criminales —más flexibles y menos rígidas— continúan adaptándose y preservando su capacidad de reproducción violenta.

Entonces, para caminar hacia una estrategia efectiva, el fortalecimiento institucional debe ser el norte que guíe las políticas públicas. Para ello, es necesario equilibrar el uso de la fuerza con el desarrollo del Estado a través de:

Fortalecer la inteligencia estratégica: permitiendo adaptar anticipada y permanentemente políticas y recursos hacia las nuevas realidades del crimen transnacional organizado, considerando que la amplitud de este fenómeno es inmensurable.

Internacionalizar el control financiero: se debe considerar que este es uno pilar fundamental del éxito de las economías ilícitas, el cual sustenta el ecosistema criminal —es uno de los pilares más protegidos por el crimen transnacional organizado y se encuentran mimetizado bajo contextos de legalidad, altamente dispersos (operan con transacciones que van de los USD 50 a los USD 200 lo que los vuelve invisibles para los sistemas bancarios tradicionales), operando con sistemas financieros alternativos, promoviendo la corrupción y sobornos, entre otros—. Por lo tanto, la creación de una estructura de redes de control internacional es clave para poder enfrentarlas.

Fortalecer la cooperación internacional: para enfrentar un ecosistema criminal altamente cooperativo entre sí, más aún cuando se han detectado operaciones coordinadas —el buque portacontenedores MSC Gayane más allá de ser capturado con 17,7 toneladas de droga, demostró al mundo cuán organizadas regional y extrarregionalmente están trabajando las estructuras criminales en la actualidad— que incluso resultarían muy complejas de ser desarrolladas en sistemas internacionales estructurados.

Recuperar la gobernanza territorial: comprendiendo que para el crimen transnacional organizado, muchas veces, este puede ser un concepto netamente táctico, pero para el Estado ineludiblemente es estratégico. Para ello, deben estructurarse estrategias multisectoriales que combatan la corrupción y permitan desmantelar las redes locales del crimen transnacional organizado y que se adapten con facilidad a las mutaciones de las acciones criminales en el territorio.

Finalmente, Ecuador no enfrenta una crisis delictiva común, sino un cambio de era en la seguridad hemisférica. La Cuarta Ola no perdona la rigidez estatal ni la falta de imaginación estratégica. Solo un Estado dinámico y flexible, que comprenda la convergencia de mercados criminales y desmantele su arquitectura financiera, podrá devolverle al país la paz que alguna vez tuvo.

La droga, el oro y las armas ya no cuentan con una sola firma que los mueva; por el contrario, es una estructura sistémica de multiservicios criminales la que opera para que este recurso ilícito llegue a su lugar de destino. Por lo tanto, el Estado no puede luchar de forma aislada; debe, obligatoriamente, aliarse y organizarse con otros Estados para desarrollar acciones cooperativas combinadas que se tornen efectivas ante el crimen transnacional organizado.

¿Podrá el Ecuador reencontrar este sendero?
La respuesta no dependerá del paso del tiempo, sino de la claridad con que hoy se defina el problema y de la decisión política y estratégica de enfrentarlo como lo que realmente es: una amenaza estructural al Estado.

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2 opiniones en “La cuarta ola del crimen organizado contada con acento ecuatoriano.”

  2. Excelente informacion para conocer los origenes y evolucion del crimen organizado que se vive en el Pais, creo conveniente que hay que hacer un analisis de las posibles soluciones que debe implementar el Estado desde las bases de la sociedad para que en un largo plazo estas estructuras delictivas se vean debilitadas y lograr su disolucion y pierdan el poder que han obtenido.

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